Por Johan N. Hidalgo T.
Según el informe Future Ready Lawyer 2026 de Wolters Kluwer, nueve de cada diez abogados de la región ya usan alguna herramienta de inteligencia artificial en su trabajo diario, y seis de cada diez reportan ahorros de hasta el 20% del tiempo en ciertas tareas. La IA en el ejercicio legal dejó de ser una novedad hace rato. Lo que recién se está discutiendo es qué pasa cuando algo sale mal.
Hoy la IA hace bien tareas puntuales: buscar jurisprudencia, clasificar expedientes, organizar documentación, procesar volúmenes grandes de información y armar primeros borradores. Lo que no hace, y lo que ningún proyecto de ley sería le está pidiendo que haga, es reemplazar el criterio jurídico: valorar pruebas, interpretar normas o decidir un caso. Esa función sigue siendo exclusivamente humana, y ahí empieza el problema real: el debido proceso da por hecho que hay una persona pensando detrás de cada decisión, no un modelo prediciendo la siguiente palabra más probable.
En julio de 2026, la asambleísta Mónica Salazar presentó un proyecto de reforma al Código Orgánico de la Función Judicial que crea, por primera vez en Ecuador, un marco específico para el uso de IA dentro de la Función Judicial. El proyecto no prohíbe la tecnología ni le pone límites a su acceso. Convierte en falta grave del régimen disciplinario que un juez, fiscal, defensor público o abogado presente un escrito con información generada por IA sin haber verificado antes su veracidad, pertinencia y actualidad, cuando eso pueda inducir a error. Firmar un documento redactado con ayuda de una herramienta automatizada no traslada la responsabilidad profesional a la herramienta. Sigue siendo del abogado.
La reforma no nace de la nada. En distintos países, tribunales han tenido que emitir protocolos después de encontrar escritos judiciales con jurisprudencia citada que simplemente no existe, inventada por un modelo de lenguaje que respondió con total seguridad a una pregunta que no sabía responder. Ecuador quiere adelantarse a ese mismo problema. El proyecto fija el control humano permanente sobre cualquier sistema automatizado, exige transparencia sobre su uso y obliga a que cada actuación asistida por IA quede trazada y sea atribuible a quien la firmó.
Para el ejercicio profesional, esto cambia el estándar de cuidado. Usar IA para acelerar una búsqueda de jurisprudencia o armar un primer borrador sigue siendo perfectamente legítimo. Lo que ya no es aceptable, y pronto podría ser sancionable de forma expresa, es copiar y pegar sin revisar. Antes de presentar cualquier escrito, la pregunta ya no es solo si el argumento convence: es si el abogado verificó personalmente cada cita, cada norma y cada dato que la máquina puso ahí.
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